Declaración de la víctima como única prueba de cargo en el proceso penal

Declaración de la víctima como única prueba de cargo en el proceso penal

Con el presente artículo se pretende analizar la declaración de la víctima en el proceso penal como prueba de cargo, capaz de desvirtuar el principio de presunción de inocencia que asiste a todo acusado. Es un supuesto que se da mucho en procedimientos como por ejemplo la violencia de género, donde los incidentes constitutivos de infracción penal, se suelen dar en el ámbito privado y donde no siempre hay testigos presenciales que puedan avalar lo ocurrido.

Las notas necesarias que el testimonio de la víctima debe reunir para dotarla de plena credibilidad como prueba de cargo según doctrina reiterada, son las siguientes:
1.- Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las previas relaciones acusado-víctima que pongan de relieve un posible móvil espurio, de resentimiento, venganza o enemistad, que puede enturbiar la sinceridad del testimonio, generando un estado de incertidumbre incompatible con la formación de una convicción inculpatoria asentada sobre bases firmes.

2.- Verosimilitud del testimonio que ha de estar rodeado de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en el proceso, lo que supone que el propio hecho de la existencia del delito está apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación subjetiva de la víctima, exigencia que habrá de ponderarse adecuadamente en delitos que no dejen huellas o vestigios materiales de su perpetración.

3.- Persistencia en la incriminación que debe ser prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada y expuesta sin ambigüedades ni contradicciones, lo que significa que la declaración ha de ser concreta, precisa, narrando los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar, coherente y sin contradicciones, manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus distintas partes y persistente en un sentido material y no meramente formal, es decir constante en lo sustancial de las diversas declaraciones.
En este mismo sentido, Sentencias del Tribunal Supremo de fechas de 27 de mayo de 1988, 24 de octubre de 1988 y 12 de diciembre de 1990, exponiendo la STS de 4 de mayo de 1990, que el testimonio de la víctima tiene el valor de actividad probatoria de cargo, legítima, lo que reitera, entre otras muchas, la STS de 10 de marzo de 2000, que reitera este criterio y analiza los requisitos para que pueda conferirse valor probatorio a la declaración del testigo-víctima, señalando que:

“…Ha reconocido reiteradamente tanto el Tribunal Constitucional como esta misma Sala (SSTC 201/1989, 173/1990 y 229/1991; y STS de 21 de enero, 11 de marzo y 25 de abril de 1988; y 16 y 17 de enero de 1991) que las declaraciones de la víctima o perjudicado tienen valor de prueba testifical siempre que se practiquen con las debidas garantías, y también que son hábiles, por sí solas, para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia (Sentencias de 19 y 23 de diciembre de 1991; 26 de mayo y 10 de diciembre de 1992; y 10 de marzo de 1993; entre otras)…”.

Analizada la inveterada jurisprudencia existente que establece los requisitos necesarios que la declaración de la víctima debe tener podemos establecer la suficiencia necesaria de dicha prueba para desvirtuar la presunción de inocencia, siempre que en el plenario se acrediten los precitados requisitos.

 

(1) En cuanto al primero de ellos, esto es, la Ausencia de incredibilidad subjetiva, ésta conlleva que de la tramitación de la causa, y de las declaraciones que la víctima realice en el marco de las diligencias (declaración en sede policial, declaración en sede del Juzgado de Instrucción y declaración en el plenario), no debe desprenderse la existencia de un móvil de enemistad que ensucie la sinceridad del testimonio de la víctima.

Es evidente que cualquier persona al denunciar, y más concretamente si posteriormente se persona como acusación particular, busca la condena del acusado, pero no por ello, debe descartarse de facto la sinceridad del testimonio, ni entender de forma automática que el hecho de buscar la condena de una persona que ha cometido un comportamiento típico penalmente reprochable, es causa sine qua non para entender que existe un móvil espurio que pueda enturbiar el testimonio de la víctima.

Los Tribunales deben ser muy cuidadosos a la hora de analizar y valorar la sinceridad del testimonio de la víctima y en la mayoría de los casos suele hacerse, si bien en este tipo de valoraciones las máximas de la experiencia de los propios juzgadores son fundamentales para determinar o descartar esa enemistad que reste el valor probatorio a la víctima.

 

(2) En cuanto a las corroboraciones periféricas de carácter objetivo que apoyen la versión de la víctima, el caso más frecuente suele ser, en casos por ejemplo de lesiones, los partes médicos y forenses que establecen y fijan las lesiones, lo que permite al Tribunal analizar la etiología propia de la agresión y poder estudiar la compatibilidad del mecanismo lesional con el resultado lesivo.

No obstante, no siempre existe ese apoyo objetivo periférico que corrobora la versión del perjudicado, máxime en delitos que no dejan huellas.

A modo de ejemplo pensemos en una agresión cometida en el ámbito de la violencia de género, que no genera lesión ni tan siquiera requiere una asistencia facultativa, o simplemente la perjudicada no va al médico a que emitan un informe de asistencia. Pensemos en un hematoma a consecuencia de un agarrón de la pareja cometido, y que no está reflejado en ningún documento médico. Si no hay testigos que avalen dicha agresión, en estos casos es sumamente complicado acreditar y avalar de forma objetiva el testimonio de la víctima, para lo cual y a efectos de que el Tribunal no reste el valor probatorio ni excluya la sinceridad del testimonio de la víctima, conviene prestar un testimonio muy concreto y preciso de la agresión sufrida, prestarlo además de forma clara y contundente, con todo el detalle preciso, pues en otro supuesto, permitiremos que salgan impunes agresiones delictivas que por la falta de corroboración periférica dejarán a la víctima en una situación de desamparo.

 

(3) En cuanto a la persistencia en la incriminación, dicho requisito no es baladí.

Es necesario partir de la base que en un procedimiento por delito, cuanto menos, se declara un mínimo de dos veces (esto es, en sede de instrucción y en el plenario, incluso en los casos en los que se elabora un atestado policial, se declara en dependencias policiales, que si bien dicha declaración no es prueba de cargo, si es una fuente de prueba y un punto de partida del que no debemos alejarnos).

Es fundamental en nuestras distintas declaraciones narrar lo sucedido de una forma precisa y clara, sin que existan contradicciones ni ambigüedades en el relato prestado ni en comparación con los ya prestado con anterioridad al acto del juicio oral y sin que se vayan introduciendo elementos en el relato prestado que cambien sustancialmente el contenido de lo declarado, de lo contrario, al Tribunal y a las defensas de los acusados estas variaciones y contradicciones no le caerán en saco roto, y les servirán en muchos casos, para atacar la credibilidad de los testimonios y así eliminar cualquier fuerza probatoria que el testimonio de la víctima pudiera tener.

CONCLUSIONES:

La presunción de inocencia que asiste a todo acusado en proceso penal implica las siguientes consecuencias:

1. Que inicialmente debe presumirse la inocencia de toda persona acusada, en tanto tal presunción, de naturaleza iuris tantum, no haya sido desvirtuada.

2. Que en principio, únicamente pueden servir para desvirtuar dicha presunción las pruebas practicadas en el juicio oral, con las debidas garantías legales y constitucionales bajo los principios de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción.

3. Que corresponde a las partes acusadoras la carga de la prueba, pues el acusado no tiene que probar su inocencia.

4. Que la valoración de las pruebas es de competencia propia del órgano jurisdiccional.

5. Que el Juzgador deberá motivar suficientemente la sentencia.
Esto es, especial mención requiere el tercero de los elementos que conforman el principio de presunción de inocencia, en cuanto que corresponde a las acusaciones desvirtuar la inocencia del acusado, teniendo la carga de la prueba. Prueba que en el caso de que sea exclusivamente el testimonio de la víctima debe cumplir los requisitos analizados en el cuerpo del presente artículo.

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