Sobre las costas procesales en el proceso civil

Sobre las costas procesales en el proceso civil

Actualmente, en todo concepto jurídico, cabe reflexionar sobre la naturaleza y el alcance de la premisa fundamental a la cual nos queremos referir. En este caso, las costas procesales vienen definidas en el artículo 241 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil[1], por el cual nos enuncia una serie de conceptos que los identifica como:

Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas. Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso. Depósitos necesarios para la presentación de recursos. Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso. Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos. Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso. La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando ésta sea preceptiva.

El mismo precepto procesal nos enuncia que son gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso, que no estén reflejados en los anteriormente citados. En conclusión, podemos definir como costas procesales, como aquellos gastos que lleven consigo el proceso. Prieto Castro[2] enuncia las costas procesales como aquellos conjuntos de desembolsos necesarios que se producen dentro del proceso o una actuación judicial para la persecución o defensa del proceso.

Por tanto, no cabe más que una sincera reflexión, desde el punto de vista del cliente. En primer lugar, como litigante tengo que sufragar unos gastos, como son la representación y la defensa técnica, los Poderes Notariales, y diversos gastos, y una vez culminado el proceso, en el caso que el Juez no estimase mis pretensiones, tengo que soportar la carga económica de la parte vencedora. Pues bien, no es suficiente que tenga que desembolsar equis dinero para mi defensa sino que aparte de ser rechazadas mis pretensiones tengo que soportar económicamente los gastos que en tasación estime mediante Decreto de la contraria.

En la otra cara de la moneda, el vencedor del litigio se sitúa en la posición de que si yo tenía razón en el caso ad quo, y por tanto actué conforme a las normas, porqué voy a tener que pagar a una dirección letrada, una representación procesal y los gastos que me ha ocasionado reclamar mis derechos, si la Justicia es gratuita, y una vez me han sido devueltos mis derechos, pues que el causante me devuelva los gastos que por su culpa he tenido que soportar.

El actual Abogado del ICAM, ex Magistrado del Tribunal Supremo, excelente Jurista de reconocido prestigio y Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, Don José Antonio Martín Pallín, en su artículo de Opinión[3] sobre “La verdadera naturaleza de la condena en Costas”, hace una profunda reflexión de a quién se le puede denominar el acreedor de la condena en costas. Pues bien, deja muy claras dos posturas jurisprudenciales, sobre todo cuando hace referencia a la antigua posición jurisprudencial sobre que los honorarios tasados en la condena en costas pertenecían a los letrados, y que actualmente gira a la posición contraria. Don José Antonio hace referencia a que la relación entre el Cliente y el Abogado es una relación contractual, y la condena en costas es una relación legal, emana de la Ley. El artículo 44 del Estatuto de la Abogacía reconoce la el derecho a una compensación económica por los servicios prestados, así como el reintegro de los gastos, pero también incluye que la cuantía de los honorarios serán libremente convenidos por ambas partes. En el contrato de arrendamiento de servicios se podrá establecer si las costas son para el Abogado en la cuantía que superase los honorarios ya abonados. La reciente doctrina establece que las costas pertenecen a la parte que se le han reconocido y una vez tasadas fijan y forman parte de su patrimonio y con ese importe puede hacer frente a las deudas contraídas con los profesionales contratados. Contra esta postura, el autor reflexiona y entiende “en consecuencia, se podría sostener que, si no se hace referencia a los mismos es porque se considera que pertenecen directamente al Abogado”. “El Letrado, único titular de los mismos, según nuestro criterio, deberá compensarlos con los libremente pactados, sin que sea permisible un enriquecimiento injusto”.

El Auto[4] de 15 de julio de 2011, dictado por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, “la tasación no busca predeterminar, fijar o decidir cuáles deben ser los honorarios del letrado de la parte favorecida por la condena en costas, ya que el trabajo de éste se remunera por la parte a quien defiende y con quien le vincula una relación de arrendamiento de servicios…., ni ello suponga que el abogado minutante no pueda facturar a su representado el importe íntegro de los honorarios concertados con su cliente por sus servicios profesionales.”

En virtud de lo expresado en estos anteriores párrafos cabe comprender dos puntos de vista que nos encontramos día a día en nuestra profesión.

La condena en costas

Es la decisión de un órgano jurisdiccional que ha estimado íntegramente la pretensión o pretensiones de una parte litigante, por tanto se mantiene en principio del vencimiento. Los caracteres más importantes de la condena en costas son; en primer lugar, es una decisión que sólo puede ser tomada por un Juez o Magistrado, en la Sentencia de instancia o resolviendo un recurso, o bien en la Sentencia o Auto que resuelva un incidente. En segundo lugar, para que proceda la imposición de costas es necesaria que la parte ganadora haya pedido en su suplico la imposición de costas a la contraria o contrarios, por tanto se cumple con el principio del derecho de impedir la ultra petita. En tercer lugar, es una condena meramente procesal,

no tiene que resolver ninguna cuestión, ni declararse ninguna conducta, sino que la parte vencedora lleva aparejada a su estimación la condena en costas a la contraria.
En la condena en costas conocemos dos sistemas jurídicos, la condena en costas subjetiva y objetiva. La primera tiene en cuenta la actitud del sujeto condenado en el proceso y la segunda el resultado del proceso.

La postura subjetiva

El criterio subjetivo o de mala fe o de la temeridad, artículo 394.3 segundo párrafo de la LEC, que tiene su apoyo en el Título 16 del Libro IV de la Instituta de Justiniano[5] “De poena temeré litigantium”.
Justifica la condena en costas a la parte vencida por entender que es una pena accesoria para resarcir los daños y perjuicios ocasionados al vencedor, a lo largo del proceso. Esta postura es una herencia de la legislación antigua, por la cual nace del artículo 1.902 del Código Civil, según el cual, el que por acción u omisión causa un daño a otro, interviniendo en culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.

También podrá imponerse las costas cuando exista y se aprecie temeridad. Según la doctrina, cuando teniendo el litigante conciencia de la injusticia de su petición, conociendo que no lleva razón, se decide a incoar un proceso o a defenderse, es decir, procede de la mala fe de forma maliciosa. Los conceptos de temeridad, dolo, culpa o mala fe, implica la omisión de una diligencia previa a la incoación del proceso, para experimentar si la ausencia de aquellas características maliciosas llevan aparejada una condena en costas, por actuar de forma negligente y obstaculizando la justicia.

La postura objetiva

Es una postura más sencilla y avanzada, pues sólo se remonta a la imposición de los gastos judiciales prescindiendo de su valoración, y decide que el vencedor no tiene que gastar dinero para acceder a la Justicia.
El artículo 394.1 de la LEC, recoge el soporte del criterio del vencimiento, por lo que responde a un aforismo romano “Omnis litigator victus debet impensas”.

Sobre la condena en costas, se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, que sólo estará obligado a pagar de la parte que corresponda a los Abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, siempre que la cantidad no exceda del tercio de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que se les haya reconocido todas sus pretensiones.
En caso de estimación o desestimación parcial de sus pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las que se hayan derivado del proceso, por ejemplo un perito judicial o la practica de una prueba fuera de la sede judicial, se abonará por la mitad cada litigante.

En el caso de allanamiento, no se impondrán las costas a la demandada si se produjera antes de la contestación a la demanda. En caso de producirse el allanamiento después del plazo para contestar a la demanda, se impondrán las costas en virtud del artículo 395.2 y 394.1 de la LEC.
En el caso de desistimiento, si el demandado no consintiere dicho acto, se impondrán las costas al actor. En caso de ser consentido por el demandado, no impondrá condena en costas a ninguna de las partes litigantes.
En caso de apelación, casación y recurso extraordinario por infracción procesal, se seguirá los mismos cauces de la imposición de costas en la instancia. Para el apelante rige el criterio del vencimiento, si la sentencia de instancia es confirmada agrava su perjuicio, por tener que pagar las costas de apelación. Para el apelado, se parte de la base que tiene a su favor una sentencia de primera instancia, en caso de sucumbir por revocarse la sentencia, no debe ser condenado al pago de las costas, por entender que se ha producido la llamada compensación de costas, por lo que se compensa las de primera instancia vencidas con las de segunda instancia condenatorias. Todo ello al amparo del artículo 398 de la LEC.
Sobre la tasación de costas, es el momento procesal donde mediante unas operaciones financieras que realiza el Secretario Judicial o el Tribunal en la cual se determina la cantidad líquida que debe reintegrar el condenado a su pago a la parte vencedora. Son requisitos indispensables la existencia de Sentencia sea firme y ejecutoria, a instancia de parte, y por escrito.
Como anteriormente hemos citado, una característica fundamental de la tasación de costas procesales es la petición por escrito, a éste habrá que acompañarse justificantes de haber pagado cantidades que se reclamen que tengan relación con el procedimiento, facturas de abogados, procuradores, notarios, peritos, consignaciones, y todos los gastos relacionados con el proceso.
La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9/03/1988[6], “incumple lo dispuesto en el citado artículo 423 de la Ley de Enjuiciamiento Civil («minuta detallada»), no afecta sin embargo, y tal como ha declarado la sentencia últimamente citada de 15 de septiembre de 1987, al derecho del Letrado minutante a ser retribuido por la parte a quien prestó sus servicios profesionales, la cual, a su vez, siendo titular de la condena en costas a su contraparte podrá luego de haberse satisfecho tales honorarios y justificado la efectividad de su importe, dirigirse y repetir contra la parte condenada en juicio declarativo de la cuantía que resulte y cuyo objeto ha de ser únicamente la susodicha cuantía”.
La práctica de tasación de las costas, regulado en el artículo 243 de la LEC, se establece que será por parte del Secretario Judicial, que hubiere conocido el proceso o recurso, en su caso el Secretario ejecutante. En la tasación de costas se entenderán como inútiles los conceptos correspondientes a escritos, actuaciones, que no tengan que ver con la expresa y necesaria actuación en el procedimiento, rechazando los inútiles, abusivos, y excesivos gastos, por consiguiente los conceptos que no estén debidamente acreditados o argumentados también se tendrán por no puestos. El Secretario Judicial, tiene la facultad de minorar las minutas de Abogado, y demás profesionales no sometidos a arancel, que superen el

treinta por ciento de la cuantía del procedimiento. Una vez practicada la tasación se dará a las partes conocimiento de las mismas, para el proceso de impugnación por excesivas o indebidas. Una vez impugnadas el procedimiento por excesivas, el Secretario dará cuenta al letrado minutante para que en el plazo de cinco días acredite su posición a ese exceso, y en caso de no reconocer el exceso y aceptar la minoración, el Secretario Judicial al amparo del artículo 246 de la LEC, enviará los Autos al Colegio de Abogados de la circunscripción para que proceda a su informe, una vez recibido el informe del Colegio profesional, el Secretario mediante Decreto dictará la resolución concerniente a las Costas procesales, minorando o manteniendo la cantidad inicial minutada. En caso de minorarse, las costas de dicho proceso de impugnación serán a cargo del abogado o perito que hubiese minutado de forma excesiva las costas. En caso de ser desestimada íntegramente la tasación las costas se impondrán al profesional impugnante. Para el caso de impugnación por indebidas, se dará traslado al letrado impugnado para que en el plazo de tres días alegue lo que en su derecho convenga y a los tres días de su contestación, el Secretario Judicial resolverá mediante Decreto que será directamente recurrible en revisión por el Juez.

Hay una cuestión que todo jurista debe reflexionar, cuando se procede a impugnar por excesivas unas costas procesales, una vez opuesto por el letrado minutante, el Secretario Judicial, envía los Autos al Colegio profesional para que elaboren un informe, dicho informe es a priori sufragado por los letrados a partes iguales, y dicha factura puede ser repercutida contra el cliente, pero podría ser también repercutida en caso de condena en costas al minutante o impugnante, de la impugnación por estimación del proceso de impugnación de la tasación de costas.

Los Criterios en la emisión de dictámenes sobre honorarios profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, alude a que el Abogado es Libre de pactar con su cliente la cuantía de los Honorarios. Es decir, el Abogado no está sometido a arancel. Pero no quiere decir que pueda acordar lo que en su derecho le convenga, está totalmente prohibido el pacto cuota litis, así lo acordó el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 4 de noviembre del año 2008, y por ello ha declarado que el pacto cuota litis recogido en el artículo 44.3 del Estatuto General de la Abogacía y 16 del Código Deontológico, es contraria a la libre competencia.
En conclusión, podemos definir que las costas son los gastos originados de forma directa e inmediata sobre el proceso. Toda resolución judicial tiene que llevar aparejada un pronunciamiento sobre las costas, ya sea condenatorio o absolutorio. En el caso de la absolución las costas serán pagadas cada parte las suyas y las comunes a medias. En caso de condena, se procederá a la imposición por el criterio objeto y o subjetivo. El criterio subjetivo de la condena en costas hace referencia a la imposición en la temeridad y la mala fe procesal, por lo que la parte que haya actuado con mala fe y temeridad se le impondrán las costas aun cuando no se haya cumplido el criterio de estimación total de sus pretensiones. Y el criterio objetivo, más modero y generalmente usado a día de hoy, basa su eficacia en el criterio del vencimiento, por lo que la parte que ha resultado vencedora será acreedora de las costas del proceso. Una vez agotado el procedimiento y recaída la resolución judicial en sentencia firme, se procede a la tasación de costas, proceso en el cual la parte vencedora aportará relacionadamente sus gastos para tasación. La parte que tenga que soportar esos gastos podrá impugnarlos y el Secretario Judicial mediante Decreto las tasará definitivamente. Ese decreto puede ser directamente ejecutado contra la parte condenada, y se guiará por los cauces de la ejecución dineriaria.

 

Don José Ramírez Luque

Licenciado en Derecho por la Universidad Alfonso X el Sabio. ABOGADO

 

[1] BOE de 8 de Enero de 2000. Corrección de errores BOE 14/04/2000 y 28/07/2001. Ultima modificación apartado tres del artículo cuatro de Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, BOE 11/10/2011.

[2] Temario de Derecho Procesal Civil, Edición 3o 2008, Colex, José Tomé Paule y otros, Editorial Colex, Madrid. Página 917.

[3] Revista del Consejo General de la Abogacía, número 17, Diciembre 2011, Pag. 38.

[4] Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Ponente Juan Antonio Xiol Rios, Secc. 1o, no recurso 1404/2005, ROJ ATS 7386/2011.

[5] Explicación Histórica de la Instituta del Emperador Justiniano, autor M. Ortolan, Profesor de la Facultad de Derecho de Paris, traducido por Don José Jimenez Serrano, Doctor en Jurisprudencia, Editorial La Ilustración, en Madrid, 1847, página 350 y ss.

[6] STS 1700/1988, CENDOJ ID: 28079110011988100125, Ponente Don Ramón López Vilas.

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