Análisis de la reforma de la regulación de las sociedades mercantiles no cotizadas introducida por la ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo

El 4 de diciembre de 2014, se publicó la Ley 31/2014 de 3 de diciembre, con el fin de establecer pautas para modernizar y mejorar el gobierno corporativo de las sociedades de capital.

Se modifican también la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

No obstante, el cambio fundamental se centra en la Ley de Sociedades de Capital, con un enfoque modificativo principal centrado en los dos órganos de gobierno de toda sociedad de capital: La Junta General y el Órgano de Administración. Asimismo, se busca avanzar en materia de Gobierno Corporativo, con un objetivo principal de lograr una mayor transparencia.

Otro de los puntos básicos de la modificación se centra en los derechos de los accionistas y en la ampliación del concepto del interés social.

Centrándonos en el análisis concreto de los artículos reformados, se procede a dividir su estudio en bloques, según el ámbito concreto en que la reforma opere.

A) LA JUNTA GENERAL

1. Competencias y Facultades

Se amplían sus facultades o competencias, buscando de manera clara reforzar su papel en la vida diaria de la sociedad incluyéndose además la posibilidad de intervención de la Junta en los asuntos de gestión. Para ello, se modifican los artículos 160 y 161 de la Ley de Sociedades de Capital que quedan redactados como sigue:

La novedad clara es la inclusión de la competencia en materia de operaciones con activos considerados esenciales. Se intentar acotar el concepto de activo esencial sobre la base de criterios objetivos de carácter cuantitativo, toda vez que la presunción descansa sobre un valor contable objetivo. Ahora bien, con el fin de buscar operatividad, establece el criterio en un 25% del valor de los activos del último balance aprobado, correspondiendo al órgano de administración la competencia decisiva en todas aquellas operaciones por debajo de dicho umbral.

2. Intervención en los asuntos de gestión

Además, se amplía a las sociedades anónimas la posibilidad reservada hasta ahora a las sociedades limitadas de que la Junta General pueda intervenir en los asuntos de gestión, impartiendo en tal sentido instrucciones al órgano de administración. No obstante, se extiende a las sociedades anónimas también la decisión de excluir tal facultad de intervención, mediante su exclusión expresa en los Estatutos Sociales. Se mantiene en cualquier caso, la referencia al poder de representación inherente al órgano de administración (contenida en el artículo 234), cuya limitación, aun constando inscrita, será ineficaz frente a terceros.

3. Votación de Acuerdos

Se incluye un nuevo artículo 197 bis que busca la separación clara de asuntos esencialmente independientes, con la correspondiente votación separada de cada uno de ellos.

4. Mayorías

Se modifica la mayoría ordinaria por la mayoría simple para la adopción de acuerdos en las sociedades anónimas, concretándose que la misma se alcanzará cuando existan más votos a favor que en contra del capital presente o representado. Es decir, se cambia el criterio de la mayoría absoluta (más de la mitad de votos), por el de mayoría relativa (mayor número de votos a favor que en contra), con el fin de excluir del cómputo los votos en blanco o nulos, asimilándolos a aquellos socios que no acuden a la junta y no a aquellos que votan en contra.

Por otro lado, y respecto de los acuerdos sobre materias que exigen quórum reforzado de constitución conforme al 194 de la LSC, se distinguen dos mayorías en función del quórum de asistencia, quedando de la siguiente forma:

• Asistencia > 50% capital: mayoría absoluta (>50% capital presente o representado)

• Asistencia >25%<50% capital: 2/3 capital presente o representado.

Se mantiene la posibilidad de reforzar mayorías vía previsión estatutaria.

Artículo 201 Mayorías

1. En las sociedades anónimas, los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o representados en la junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado.

2. Para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 194, si el capital presente o representado supera el cincuenta por ciento bastará con que el acuerdo se adopte

por mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.

3. Los estatutos sociales podrán elevar las mayorías previstas en los apartados anteriores.

B) INTERÉS SOCIAL Y DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS/SOCIOS

1. El conflicto de Interés

El conflicto de interés anteriormente solo estaba previsto para las sociedades limitadas, ampliándose mediante la reforma también a las sociedades anónimas, aunque con particularidades. Se extiende la aplicación a las sociedades anónimas de todos los supuestos de conflicto de interés ya recogidos en el artículo 190 de la Ley de Sociedades de Capital, si bien se excepcionan únicamente respecto de la sociedad anónima la prohibición general de voto en los siguientes supuestos, salvo que exista previsión estatutaria dentro de las estipulaciones que regulen las restricciones del régimen de libre transmisibilidad o de exclusión, respectivamente:

• Transmisión de acciones sujetas a restricción legal o estatutaria
• Exclusión del accionista de la sociedad

Incluye también una novedad en aras a proteger el interés social, instrumentada en forma de presunción de perjuicio al interés social en aquellos casos en que el acuerdo hubiera sido adoptado con el voto determinante de socio/s incursos en situaciones de conflicto de interés distintas a las previstas en dicho artículo. En tal circunstancia y ante una impugnación del acuerdo social, corresponde la carga de la prueba del no perjuicio al interés social a la sociedad así como al socio afectado por el conflicto, con excepción de aquellos supuestos en que se nombre, cese, revoque o se exija responsabilidad, y cualquier situación análoga, en los que el conflicto se refiere de manera exclusiva a la posición del socio. En estos supuestos exceptuados, la carga de la prueba descansa sobre el socio/accionistas impugnante.

Artículo 190 Conflicto de intereses


1.El socio no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones o participaciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:
a) autorizarle a transmitir acciones o participaciones sujetas a una restricción legal o estatutaria,
b) excluirle de la sociedad
c) liberarle de una obligación o concederle un derecho,
d) facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor o
e) dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo previsto en el artículo 230.

En las sociedades anónimas, la prohibición de ejercitar el derecho de voto en los supuestos contemplados en las letras a) y b) anteriores solo será de aplicación cuando dicha prohibición esté expresamente prevista en las correspondientes cláusulas estatutarias reguladoras de la restricción a la libre transmisión o la exclusión.

2. Las acciones o participaciones del socio que se encuentre en algunas de las situaciones de conflicto de interés contempladas en el apartado anterior se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de los votos que en cada caso sea necesaria.

3. En los casos de conflicto de interés distintos de los previstos en el apartado 1, los socios no estarán privados de su derecho de voto. No obstante, cuando el voto del socio o socios incursos en conflicto haya sido decisivo para la adopción del acuerdo, corresponderá, en caso de impugnación, a la sociedad y, en su caso, al socio o socios afectados por el conflicto, la carga de la prueba de la conformidad del acuerdo al interés social. Al socio o socios que impugnen les corresponderá la acreditación del conflicto de interés. De esta regla se exceptúan los acuerdos relativos al nombramiento, el cese, la revocación y la exigencia de responsabilidad de los administradores y cualesquiera otros de análogo significado en los que el conflicto de interés se refiera exclusivamente a la posición que ostenta el socio en la sociedad. En estos casos, corresponderá a los que impugnen la acreditación del perjuicio al interés social.

2. Derecho de información en la Sociedad Anónima

Respecto del derecho de información en la sociedad anónima, se modula su ejercicio en atención al principio de buena fe, y se sustituye la valoración del presidente para el ejercicio de éste, por criterios taxativamente fijados, reduciéndose de ese modo la discrecionalidad en la restricción al ejercicio del mismo. En la misma línea de respeto al principio de buena fe, y con intención de evitar abusos por parte de accionistas, se excluye la denegación de información verbal durante la celebración de la Junta como causa de impugnación de la junta, redirigiéndose solo a la reclamación de los daños y perjuicios que se hayan podido causar con dicha denegación. Y en la misma línea de evitar abusos por parte de los accionistas, se introduce una previsión de responsabilidad por los daños y perjuicios que la utilización fraudulenta de la información por parte del accionista ocasione al interés social.

3. Impugnación de acuerdos

Existen importantes novedades en materia de impugnación de acuerdos sociales. Destacable es la unificación de plazo para impugnar, en UN AÑO, suprimiéndose la distinción entre acuerdo nulo y anulable. Se amplían las causas de impugnación a la oposición al reglamento de la Junta de la sociedad, y se extiende la consideración de lesión al interés social a aquellos casos en que un acuerdo se impone de manera abusiva por la mayoría sin que cause daño al patrimonio social.

Si se hubiere interpuesto demanda de impugnación y el acuerdo es sustituido por otro válido, se determinará la terminación por desaparición sobrevenida del objeto. Ahora bien, se contempla expresamente la posibilidad de que se pueda instar la reparación del daño que un acuerdo nulo pero sustituido por otro válido hubiere ocasionado.

Asimismo, con el fin de evitar que se abuse del derecho impugnatorio, se suprimen ciertos motivos antes contemplados para la impugnación, en concreto:

• Infracción de requisitos meramente procedimentales, para convocatoria o constitución o para adopción de acuerdos.

• Incorrección o insuficiencia de la información facilitada en respuesta al ejercicio del derecho de información.

• La participación en la reunión de personas no legitimadas.

• La invalidez de uno o varios votos o el cómputo erróneo de los emitidos.

Ahora bien, se excepcionan todos los puntos eliminados como motivos de impugnación, con la fórmula salvo que hubiera sido esencial o determinante. Entiendo que dichos conceptos son sumamemente indeterminados y amplios, y vacían casi de contenido la exclusión de dichos motivos a efectos de impugnación. Ahora bien, el legislador con el fin de salvar dicha indeterminación y/o amplitud de los conceptos, traslada la decisión al órgano judicial bajo la fórmula de la cuestión incidental de previo pronunciamiento, extremo poco satisfactorio desde el punto de vista de la minoría impugnante, quien se ve obligado a interponer procedimiento judicial para lograr confirmación sobre la esencialidad o el carácter determinante del motivo. Ahora bien, en contraposición sí se eleva la seguridad jurídica y la estabilidad empresarial de la sociedad, dado que en muchas ocasiones se veían altamente perjudicadas por impugnaciones basadas en estrategias y no en efectivas lesiones al interés social.

Se unifica el plazo de impugnación de acuerdos en UN AÑO, al haberse suprimido la diferencia entre acuerdos nulos y anulables, y se fija como fecha de inicio del cómputo del plazo la siguiente:

• Desde la fecha de adopción del acuerdo si se adopta en Junta o Consejo

• Desde la fecha de recepción de la copia del acta si el acuerdo es adoptado por escrito.

• Si el acuerdo se inscribe, desde la fecha de oponibilidad de la inscripción.

Por último, y en lo que a la legitimación para impugnar se refiere, se fija el porcentaje de participación social necesaria para impugnar el un 1%, con el fin nuevamente de evitar situaciones abusivas que no buscan proteger el interés social, sino decisiones puramente estratégicas que perjudican el devenir de la sociedad.

El segundo gran pilar en que descansa la reforma de la Ley de Sociedades de Capital es precisamente la regulación de los distintos aspectos del Órgano de Administración. En concreto, se persigue con ello lograr que la remuneración del órgano se adecue a las prácticas del mercado, y dotar de una mayor transparencia a la regulación del mismo.

1. Remuneración de los Administradores

Se dispone el establecimiento de un sistema de remuneración de los administradores basado único para sociedades anónimas y limitadas, en conceptos retributivos concretos y claros, que deben considerarse numerus apertus, pero que sirven como base suficiente para aquellos otros que se quisieran establecer vía Estatutos Sociales. Dichos conceptos retributivos son los siguientes:

• Asignación fija

• Dietas de asistencia

• Participación en beneficios

• Retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia

• Remuneración en acciones o vinculada a su evolución

• Indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado porincumplimiento de funciones del administrador

• Los sistemas de ahorro o previsión considerados oportunos.

El importe máximo de la remuneración anual será fijado por la Junta General, permaneciendo vigente hasta que se modifique. Ahora bien, la distribución de dicho importe máximo la establecerán los propios administradores, y en caso de Consejo, el propio órgano colegiado, atendiendo a las funciones y responsabilidades asignadas a cada consejero.

Por último, se fija el límite a posibles abusos en la remuneración, fijándose legalmente la obligación de que la remuneración guarde una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica de la misma en cada momento, y se especifica la necesidad de adecuar la remuneración al logro del fin social.

Artículo 217 Remuneración de los administradores

1. El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración.

2. El sistema de remuneración establecido determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los siguientes:

a) una asignación fija,

b) dietas de asistencia,

c) participación en beneficios,

d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia

e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución,

f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador y

g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos.

3. El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. Salvo que la junta general determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos administradores se establecerá por acuerdo de éstos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.

4.La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.

1.1. Remuneración mediante participación en beneficios

Se fija la competencia de la Junta de determinar el porcentaje aplicable dentro del máximo establecido en Estatutos. Como novedad, en el caso de las sociedades anónimas, se establece la base tomada para el cálculo del dividendo a distribuir entre los accionistas que debe respetarse, fijándose el mismo en el valor nominal de las acciones.

Se establece que la Junta determine el número máximo de acciones que podrá asignar cada ejercicio a este sistema de retribución, así como se fija la facultad de elección entre acordar el precio de los derechos de opción, o determinar el sistema del cálculo de dicho precio.

2. Deberes de los Administradores

2.1. Deber general de diligencia

Considerando la amplitud del concepto y la ambigüedad de la regulación anterior, se intenta precisar o concretar en qué consiste el precitado deber de diligencia.

Artículo 225 Deber general de diligencia

1. Los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos.

2. Los administradores deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad.

3. En el desempeño de sus funciones, el administrador tiene el deber de exigir y el derecho de recabar de la sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones. 

2.2. Protección de la discrecionalidad empresarial

Se introduce un nuevo concepto adquirido del derecho anglosajón: The business judgment rule. Sobre la base de la misma, se establece que los jueces no revisarán las decisiones de carácter empresarial tomadas por los administradores sociales si el administrador se ha informado convenientemente antes de tomar la decisión, la actuación no es ilegal o contraria a los estatutos y el administrador no tiene un interés propio en la materia contradictorio con el de la sociedad.

Artículo 226 Protección de la discrecionalidad empresarial

1.En el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a la discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido cuando el administrador haya actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado.

2. No se entenderán incluidas dentro del ámbito de discrecionalidad empresarial aquellas decisiones que afecten personalmente a otros administradores y personas vinculadas y, en particular, aquellas que tengan por objeto autorizar las operaciones previstas en el artículo 230.

2.3. Deber de lealtad

Se reforma en aras a reforzar el deber de lealtad, y se fija el contenido del referido deber, que debemos considerar esencial en el ámbito del cargo de administrador. Asimismo, se extiende el alcance de la sanción por la infracción de este deber, a la devolución a la sociedad del enriquecimiento injusto obtenido por el administrador.

Artículo 227 Deber de lealtad

1.Los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad.

2.La infracción del deber de lealtad determinará no solo la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino también la de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador.

Artículo 228 Obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad

En particular, el deber de lealtad obliga al administrador a:

a) No ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido concedidas.

b) Guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acceso en el desempeño de su cargo, incluso cuando haya cesado en él, salvo en los casos en que la ley lo permita o requiera.

c) Abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto. Se excluirán de la anterior obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le afecten en su condición de administrador, tales como su designación o revocación para cargos en el órgano de administración u otros de análogo significado.

d) Desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal con libertad de criterio o juicio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros.

e) Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para con la sociedad.

2.4. Situaciones de conflicto de interés

Se integran bajo el espectro de la situación de conflicto de interés, distintas obligaciones que ya se encontraban en la norma, e incluye nuevas obligaciones que no estaban anteriormente previstas bajo la misma esfera.

Artículo 229 Deber de evitar situaciones de conflicto de interés

1. En particular, el deber de evitar situaciones de conflicto de interés a que se refiere la letra e) del artículo 228 anterior obliga al administrador a abstenerse de:

a) Realizar transacciones con la sociedad, excepto que se trate de operaciones ordinarias, hechas en condiciones estándar para los clientes y de escasa relevancia, entendiendo por tales aquéllas cuya información no sea necesaria para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

b) Utilizar el nombre de la sociedad o invocar su condición de administrador para influir indebidamente en la realización de operaciones privadas.

c) Hacer uso de los activos sociales, incluida la información confidencial de la compañía, con fines privados.

d) Aprovecharse de las oportunidades de negocio de la sociedad.

e) Obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad y su grupo asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se trate de atenciones de mera cortesía.

f) Desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la sociedad o que, de cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la sociedad.

2. Las previsiones anteriores serán de aplicación también en el caso de que el beneficiario de los actos o de las actividades prohibidas sea una persona vinculada al administrador.

3. En todo caso, los administradores deberán comunicar a los demás administradores y, en su caso, al consejo de administración, o, tratándose de un administrador único, a la junta general cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la sociedad.

Las situaciones de conflicto de interés en que incurran los administradores serán objeto de información en la memoria a que se refiere el artículo 259. 

3. Régimen de Responsabilidad

La gran novedad descansa en el establecimiento de la solidaridad de la persona física representante de la persona jurídica administradora, en caso de incumplimiento de los deberes inherentes al cargo.

Se establece la necesidad de que exista dolo o culpa para determinar la existencia de responsabilidad, si bien se fija una presunción de culpabilidad en el caso de que exista prueba de la conducta ilícita del administrador. Además, se concreta el concepto de administrador de hecho, recogido por fin en la norma. Por último, se extiende el régimen de responsabilidad a la Alta dirección de la sociedad, sin perjuicio de las acciones de la sociedad frente a ésta en base a la relación jurídica concreta entre ambos.

Artículo 236 Presupuestos y extensión subjetiva de la responsabilidad

1. Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales.

2. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.

3.La responsabilidad de los administradores se extiende igualmente a los administradores de hecho. A tal fin, tendrá la consideración de administrador de hecho tanto la persona que en la realidad del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las funciones propias de administrador, como, en su caso, aquella bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad.

4. Cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios consejeros delegados, todas las disposiciones sobre deberes y responsabilidad de los administradores serán aplicables a la persona, cualquiera que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad, sin perjuicio de las acciones de la sociedad basadas en su relación jurídica con ella.

5. La persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica deberá reunir los requisitos legales establecidos para los administradores, estará sometida a los mismos deberes y responderá solidariamente con la persona jurídica administrador.

Novedosa es también la supresión de la obligación de convocar junta general por el socio minoritario que quiera ejercitar la acción de responsabilidad en protección del interés social. En caso de estimación parcial o total de la demanda, la sociedad estará obligada a reembolsar a la actora los gastos incurridos.

4. El Consejo de Administración

Se establece la obligación de que el consejo se reúna al menos trimestralmente, con el fin claro de mejorar el gobierno corporativo de las sociedades, y obligar a la participación activa en la gestión de la sociedad. No obstante, no se prevé sanción alguna en caso de incumplimiento de esta obligación.

Artículo 245 Organización y funcionamiento del consejo de administración

1. En la sociedad de responsabilidad limitada los estatutos establecerán el régimen de organización y funcionamiento del consejo de administración, que deberá comprender, en todo caso, las reglas de convocatoria y constitución del órgano, así como el modo de deliberar y adoptar acuerdos por mayoría.

2. En la sociedad anónima cuando los estatutos no dispusieran otra cosa, el consejo de administración podrá designar a su presidente, regular su propio funcionamiento y aceptar la dimisión de los consejeros.

3. El consejo de administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre.

4.1. La delegación de facultades

Uno de los puntos esenciales de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, establecido además, con un fin claro de elevar la transparencia. En virtud de la modificación, siempre que se designe Consejero Delegado o se deleguen facultades por cualquier otro título, se impone la obligación de celebrar un contrato entre éste y la sociedad, que deberá aprobar el Consejo con el voto favorable de las 2/3 partes del mismo, no pudiendo votar el afectado, y debiendo incorporarse el contrato al Acta de la Sesión.

El referido contrato, debe recoger y detallar todos los conceptos por los que se vaya a retribuir al Consejero, incluyendo, la eventual indemnización en caso de cese anticipado y las cantidades que la sociedad deberá abonar en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. No podrá retribuirse al consejero delegado por concepto alguno que no se encuentre recogido en el referido contrato. Este contrato deberá ser además conforme con las políticas remuneratorias de la sociedad aprobadas por la Junta.

Por otro lado, se amplían las facultades indelegables existentes.

4.2. La impugnación de acuerdos del Consejo de Administración

Nuevamente se suprime la distinción entre los acuerdos nulos y anulables. En aras a favorecer la transparencia, se rebaja el porcentaje mínimo de capital que los accionistas deben ostentar para impugnar acuerdos, fijándose el mismo en un 1%, a diferencia del 5% exigido con anterioridad a la reforma.

Artículo 251 Impugnación de acuerdos del consejo de administración

1. Los administradores podrán impugnar los acuerdos del consejo de administración o de cualquier otro órgano colegiado de administración, en el plazo de treinta días desde su adopción. Igualmente podrán impugnar tales acuerdos los socios que representen un uno por ciento del capital social, en el plazo de treinta días desde que tuvieren conocimiento de los mismos y siempre que no hubiere transcurrido un año desde su adopción.

2. Las causas de impugnación, su tramitación y efectos se regirán conforme a lo establecido para la impugnación de los acuerdos de la junta general, con la particularidad de que, en este caso, también procederá por infracción del reglamento del consejo de administración.

5. El Informe de Gestión

Se incluye la obligación de incluir en el Informe de Gestión el periodo medio de pago a sus proveedores, así como, para el caso en que el mismo sea superior al máximo establecido en la normativa de morosidad, se establece la obligación de indicar también las medidas a aplicar en el siguiente ejercicio para su reducción hasta alcanzar dicho máximo.

También se modifica la Disposición Adicional Tercera de la Ley 5/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2009, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y se incluye el deber de las sociedades no cotizadas y que no presenten cuentas anuales abreviadas, de publicar el periodo medio de pago a los proveedores, en su página web.

D) REGLAS ESPECIALES DE TUTELA DE LOS SOCIOS

En la tutela colectiva de los derechos de titulares de clases de acciones en la sociedad anónima, se introduce la definición de trato discriminatorio inexistente hasta la fecha, lo que beneficia la seguridad jurídica y la protección de los socios que pudieran verse afectados por dicho trato discriminatorio.